El parlamento español aprobó el jueves una ley que otorga licencia médica pagada a mujeres que sufren dolor menstrual severo, convirtiéndose en el primer país europeo en promover tal legislación.
La ley, que fue aprobada por 185 votos a favor contra 154 en contra, tiene como objetivo romper un tabú sobre el tema, dijo el gobierno de izquierda de España.
Actualmente, la licencia menstrual se ofrece solo en un pequeño número de países en todo el mundo, como Japón, Indonesia y Zambia.
«Es un día histórico para el progreso feminista», tuiteó la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien dice que la medida es un paso para abordar un problema de salud que se ha barrido en gran medida debajo de la alfombra.
La legislación da derecho a las empleadas que experimentan dolor menstrual a todo el tiempo libre que necesiten, y el sistema estatal de seguridad social, no los empleadores, se hace cargo de la cuenta de la licencia por enfermedad.
Al igual que con la licencia paga por otros motivos de salud, requiere la aprobación de un médico, aunque la ley no especifica la duración de la licencia por enfermedad.
Alrededor de un tercio de las mujeres sufren dolores menstruales intensos, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
«La menstruación ya no será un tabú», dijo Montero después de que el gabinete aprobara inicialmente la ley en mayo de 2022.
«No más ir a trabajar con dolor, no más tomar pastillas antes de llegar al trabajo y tener que ocultar el hecho de que tenemos un dolor que nos impide trabajar».
Políticos, sindicatos divididos
Pero la legislación creó divisiones entre políticos y sindicatos.
CCOO, uno de los principales sindicatos de España, saludó la medida como un gran «avance legislativo» para reconocer un problema que ha sido «ignorado» hasta ahora.
Pero UGT, el otro sindicato principal de España, advirtió que podría estigmatizar a las mujeres en el lugar de trabajo e indirectamente obstaculizar su «acceso al mercado laboral», una postura que se hizo eco del principal opositor Partido Popular (PP).
La licencia menstrual formaba parte de una ley más amplia que también refuerza el acceso a los servicios de aborto en los hospitales públicos, un derecho que sigue plagado de dificultades en un país con una fuerte tradición católica.
Menos del 15 por ciento de los abortos realizados en el país se realizan en hospitales públicos, principalmente por objeciones de conciencia de los médicos.
La nueva legislación también permite que las menores de 16 y 17 años aborten sin el permiso de los padres, revirtiendo un requisito introducido por un gobierno conservador anterior en 2015.
España, líder europeo en derechos de la mujer, despenalizó el aborto en 1985 y en 2010 aprobó una ley que permite a las mujeres optar libremente por el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo en la mayoría de los casos.
